Por: Mario Holguín
“El Decreto 308-06 fue anulado porque el tribunal determinó que las restricciones permanentes deben ser aprobadas por ley y no por un decreto del Poder Ejecutivo”
La decisión del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de vender bebidas alcohólicas en determinadas horas de la noche, dejó una pregunta que trasciende el ámbito jurídico y golpea el corazón mismo de las políticas públicas dominicanas.
Se trata de saber si el Estado puede restringir derechos fundamentales sin demostrar, con evidencia científica, que la medida realmente salva vidas.
Si la respuesta es afirmativa, entonces estaríamos aceptando que las políticas públicas pueden sostenerse sobre presunciones y no sobre resultados.
El problema no es la intención de proteger la vida. Ese objetivo es incuestionable. El problema es que, después de años de aplicación de la medida, el país sigue sin conocer una sola evaluación técnica de los Observatorios de Datos que demuestren, con rigor estadístico, cuántos accidentes, cuántos lesionados o cuántas muertes evitó la prohibición de vender alcohol, por ejemplo, a sabiendas de que durante la noche y por causa del consumo de alcohol en usuarios viales es que se producen más víctimas.
Y esa ausencia de evidencia no es un detalle menor. Es la manifestación más clara del fracaso del sistema nacional de información sobre seguridad vial.
Un observatorio no existe únicamente para publicar cifras de fallecidos. Su verdadera misión es producir inteligencia para la toma de decisiones. Debe responder preguntas esenciales: ¿qué política funcionó?, ¿cuál fracasó?, ¿dónde conviene invertir los recursos públicos?, ¿qué intervención salva más vidas?
Si no puede responder esas preguntas, deja de ser un observatorio para convertirse en un simple recopilador de estadísticas.
La República Dominicana continúa ocupando posiciones preocupantes en los indicadores internacionales de mortalidad por accidentes de tránsito. Sin embargo, seguimos diseñando políticas sin medir su impacto real. Se anuncian restricciones, operativos y campañas, pero rara vez se presentan evaluaciones independientes que demuestren su eficacia.
La reciente controversia constitucional evidenció esa debilidad. Si el Estado hubiera presentado estudios sólidos demostrando que la restricción redujo las muertes y delitos relacionadas con el alcohol, el debate habría descansado sobre una base técnica mucho más robusta. En cambio, la discusión quedó atrapada entre argumentos jurídicos y posiciones políticas.
Las políticas públicas modernas no se defienden con consignas. Se defienden con evidencia.
La seguridad vial dominicana necesita mucho más que operativos durante Semana Santa o decretos coyunturales. Necesita un sistema nacional de información moderno, objetivo y científicamente robusto, capaz de evaluar cada decisión gubernamental y determinar si realmente protege la vida de los ciudadanos.
Mientras no se evolucione hacia un verdadero centro nacional de inteligencia estadística, el país continuará tomando decisiones a ciegas, invirtiendo millones de pesos sin saber cuáles medidas funcionan y cuáles solo producen titulares.
En seguridad vial, la diferencia entre una política basada en evidencia y una basada en intuiciones puede medirse en vidas humanas.
Y cuando un Estado no puede demostrar científicamente el impacto de sus propias decisiones, no solo queda en entredicho una medida específica. Queda en entredicho la capacidad institucional para diseñar políticas públicas eficaces y su credibilidad.
Porque una democracia moderna no solo necesita leyes y tribunales. También necesita datos confiables. Sin ellos, la política sustituye a la ciencia y las decisiones terminan dependiendo más de percepciones que de resultados.
La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿cuántas vidas salvó realmente esa prohibición? Hasta que el Estado pueda responderla con evidencia verificable, el verdadero debate no será sobre la constitucionalidad de una medida, sino sobre la debilidad del sistema que debería evaluarla.