Por: Ing. Mario Holguín
En el debate político contemporáneo, la figura de Leonel Fernández suele ser analizada bajo el prisma de la modernización institucional y el crecimiento macroeconómico. Sin embargo, un análisis más profundo revela una visión de Estado mucho más integral cuando revela una simbiosis deliberada entre la preservación del Estado de Derecho y un modelo desarrollista firmemente adaptado a las exigencias de la era del conocimiento.
Este enfoque no es meramente teórico; se presenta como una hoja de ruta pragmática y urgente para abordar las crisis multidimensionales que afectan a las sociedades en vías de desarrollo en pleno siglo XXI, y que desde que asumío por primera vez las riendas del Estado dominicano pudo enfrentar las crisis sucesivas de manera exitosa.
Para Fernández, el desarrollo no puede ser un impulso desordenado o puramente mercantilista. La tesis central apunta a que el crecimiento económico sostenible solo es posible si está anclado en la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución, entendiendo que el Estado de Derecho no es un freno para el progreso, sino su principal garantía.
El elemento diferenciador en esta propuesta es la transición definitiva hacia la sociedad del conocimiento. En un mundo globalizado, la riqueza ya no depende exclusivamente de los recursos naturales o de la manufactura básica, sino de la capacidad de una nación para generar, procesar y aplicar tecnología, ciencia e innovación.
Esta visión abstracta se traduce en políticas públicas tangibles a través de dos pilares que considero fundamentales, que son necesariamente la infraestructura estratégica y la movilidad segura. Por un lado, la infraestructura actúa como un motor de inclusión social. Lejos de ser obras de simple asfalto y hormigón, los grandes proyectos de conectividad urbana y vial son concebidos como plataformas de democratización que facilitan el acceso al trabajo, a la educación y al comercio reduciendo la brecha social y conectando a los ciudadanos con las oportunidades de la modernidad.
Por otro lado, la movilidad segura se erige como un derecho fundamental y un valor económico ineludible. La alta siniestralidad vial y el caos en el transporte no son meros problemas de tránsito; constituyen verdaderas crisis de salud pública y severos lastres para la productividad nacional. Implementar un sistema de movilidad segura, eficiente e inteligente es una prioridad de Estado indispensable para proteger el capital humano, optimizar la logística comercial y elevar la calidad de vida de la población. En especial en estos momentos cuando alcanza la máxima expresión de deterioro estadístico.
Hoy en día, los gobernantes se enfrentan a crisis complejas que interconectan la economía, el cambio climático, la seguridad ciudadana, la salud, todas interconectadas al y el desplazamiento. Ante estas turbulencias, el modelo proyectado por Leonel Fernández propone que la mejor defensa es un Estado institucionalmente fuerte, pero ágil y vanguardista en lo tecnológico. Al colocar la ciencia, la conectividad y la planificación de infraestructura avanzada en el centro de la agenda pública importantizando al ser humano, se dota al país de la resiliencia necesaria para absorber los impactos externos y superar la vulnerabilidad.
Esta concepción innovadora representa la transición a un nuevo modelo, a mi entender, con una filosofía política y doctrinaria que en el futuro tendrá que defender sobre la base del derecho que tienen los usuarios a llegar vivos a su destino.
Este enfoque conceptual nos invita a ponderar una propuesta de estadista que sigue apostando por una República Dominicana que no se limite a contemplar la revolución tecnológica, sino que participe activamente en ella. En última instancia, este modelo demuestra que los puentes hacia el futuro no se construyen vulnerando el orden institucional, sino fortaleciendo las leyes existentes y pavimentando, con innovación, rigor técnico y seguridad, el camino hacia el verdadero progreso social.