Las autoridades dominicanas han iniciado un operativo de inspección de motocicletas y motoristas en las estaciones correspondientes, mediante una gestión interinstitucional que responde a la gravedad de la situación.
Sin embargo, se trata de un sector del transporte que, por su magnitud y relevancia, ha escapado completamente al control en todo el territorio nacional.
Hasta el momento, el operativo luce más como una medida cosmética que como una estrategia con verdadera visión de futuro.
Los motoconchistas dedicados al transporte de pasajeros compiten de manera directa con el Metro y el sistema de la OMSA, una anomalía que resulta inadmisible como política de Estado.
Cabe recordar que este subsector está compuesto por aproximadamente 200.000 unidades, de un total superior a los cuatro millones de vehículos que circulan por la red vial nacional. Resolver los problemas acumulados durante años constituye un gran desafío, resultado de un desarrollo desordenado, dejado al libre albedrío y condicionado frecuentemente por cálculos electoralistas.
La falta de una explicación detallada del plan genera la percepción de una actuación improvisada, motivada principalmente por la presión ciudadana.
Las medidas parciales aplicadas en las dos últimas gestiones de gobierno no han producido resultados satisfactorios; por el contrario, han permitido que los infractores desarrollen contramedidas efectivas, restando credibilidad a las acciones oficiales.
Un plan sin alcance real, sustentado principalmente en el impacto mediático, carente de plazos definidos e inversiones concretas, está condenado al fracaso y solo genera desconfianza hacia las autoridades y el Gobierno. El motoconchismo, tal como se ha venido tolerando y promoviendo, es una mala política de Estado.
Resulta imprescindible pasar de operativos coyunturales a una verdadera política integral de transporte que ordene el sector, proteja la vida de los ciudadanos, garantice la sostenibilidad del servicio público y restaure la confianza en las instituciones.
Tags relacionados