Reconsiderar lo de las reformas….

Por: Francisco S. Cruz

Decir que no es el momento nacional adecuado para llevar a cabo unas reformas como las que ha propuesto el presidente, en nuestra opinión, es negarnos -a pesar de la crisis global (económica, inflacionaria, guerra-invasión Rusia-Ucrania y gestión pública deficitaria endógena) y su impacto nacional-, de alguna forma, a darle la oportunidad, como la han tenido otros -incluso, los tres antecesores (Hipólito, Leonel y Danilo)-, al actuar ejecutivo de plasmar su legado o impronta (máxime si sabemos, pero más el expresidente Leonel Fernández, rabioso y avenido anti-“reeleccionista”, que hay adecuaciones, de leyes adjetivas-sustantivas, pendientes de la reforma que él motorizó en 2010, para consignar aspectos garantistas; pero también para no jubilarse) como la de un Procurador o Fiscal independiente (¡que no tenemos!), entre otras, que bien se podrían consensuar y pactar sin que ello implique claudicación alguna o hacerle el juego al gobierno, pues, suponemos, que ninguna fuerza política, verdaderamente opositora, iría a ese proceso a modo de “sello gomígrafo”.

Por otro lado, hay que desterrar el famoso complejo -sociocultural o idiosincrático- del gancho que tan bien radiografió el eminente y acucioso Dr. Antonio Zaglul -ya fallecido- que nos hace, a los dominicanos, desconfiar de todo o ver malas intenciones en cualquier iniciativa, gesto o propuesta que haga otro. Ese complejo o creencia de desconfianza no es tan malo, pero no hay que llevarlo al extremo -paranoia- de ver, siempre, intenciones ocultas o de malas artes en todo. Y somos tan creyente y prácticamente, quizás subconscientemente, de la cultura del gancho -creer que nos van a engañar o que nos están acechando- que, incluso, si nos encontramos con algo por las calles -sobre todo, dinero, prenda o cualquier baratija-, antes de tomarlo, miramos para todos lados. Lógicamente, si no es en las calles o vía pública, el hallazgo, solo vale dos posturas éticas-cívicas: recogerlo y reportarlo o, sencillamente, no tomarlo y seguir. Más nada.

Y volviendo al tema central, ya han sido dos funcionarios de este gobierno que han reiterado el interés del ejecutivo de llevar a cabo las referidas reformas: Milagros Ortiz Bosch -una política de conocida trayectoria y exvicepresidenta- y el consultor jurídico del poder ejecutivo, Antoliano Peralta Romero -de quien se habla bien por su trayectoria profesional y comportamiento ciudadano (aunque no lo conozco, pero esas son las referencias que nos llegan, sobre él, de compueblanos suyos y que si lo conocen)-.

De modo que del proceso de reforma propuesto, solo, de parte del PLD -y si lo reconsideraría-, habría que cuidar y oponerse a tres asuntos: a) a una “supuesta” rehabilitación del expresidente Danilo Medina -porque podría prestarse a la creencia (ya bola-especulación mediática-periodística echada a correr de mala fe) de un “trueque o transacción”, además de lo que implicaría o abriría hacia lo interno de esa organización-, b) el desaguisado o supuesto, y nada conveniente, de rebajar el umbral del 50+1 para ser elegido presidente (desterrando, en la práctica, un posible balotaje o segunda vuelta, de cara al 2024); y c) que no se violente o se agreguen otros asuntos de los pactados -especificado en la ley que, por mandato de la misma Constitución, legaliza la convocatoria-, pues la Asamblea Revisora o Constituyente, una vez instalada, es soberana, so pena de que se rompa el quórum requerido (pero esto último sería de convicción y acatamiento partidario de cualquier partido y sus legisladores)-.

Después de ahí, no hay pecado en pactar las reformas propuestas. Ello así, porque la Constitución, y lo reiteramos, no es ningún lienzo pétreo o “lienzo sagrado” en término político, sino una suerte de contrato social, jurídico y político que, en países en vía de desarrollo, como el nuestro, habrá que ir modificando hasta lograr una real institucionalidad democrática más respetable y de contrapeso en los poderes públicos. Es todo, porque siempre habrá peros o reparos ante una posible reforma constitucional de cualquier índole (no importa momento-coyuntura, partido o gobierno que la plantee).

El autor es político y exprofesor de Historia