Ing. Mario Holguín
Los terremotos registrados en Latinoamérica durante los últimos años dejan una enseñanza que los gobiernos no deben ignorar. La movilidad segura también debe medirse por la capacidad de mantener conectadas las comunidades y responder oportunamente ante las catástrofes.
El reciente terremoto de Panamá, ocurrido el 9 de octubre de 2026, dejó, según balances preliminares, cinco comunidades incomunicadas y aproximadamente 300 personas evacuadas preventivamente. Los daños en puentes y carreteras evidenciaron cómo un fenómeno natural puede comprometer las operaciones de rescate, la asistencia sanitaria y el abastecimiento de poblaciones vulnerables.
La experiencia no es aislada. En Guatemala, los sismos de julio de 2025 afectaron 28 tramos carreteros, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En Perú, el terremoto de noviembre de 2021 destruyó accesos viales y obligó a evacuar por helicóptero a residentes aislados. Asimismo, el terremoto de México de septiembre de 2022 afectó carreteras y puentes que requirieron intervenciones de emergencia.
Estos acontecimientos demuestran que las consecuencias de un terremoto no terminan cuando deja de temblar la tierra. Una carretera bloqueada o un puente inutilizado puede prolongar la emergencia y poner en peligro vidas que pudieron haberse protegido mediante una conectividad territorial resiliente.
La afectación de puentes y carreteras constituye un riesgo importante para la conectividad territorial, las evacuaciones y el abastecimiento de las comunidades aisladas.
La República Dominicana, expuesta a amenazas sísmicas y fenómenos hidrometeorológicos, necesita identificar comunidades susceptibles de quedar aisladas, evaluar sus infraestructuras críticas y establecer rutas alternativas de evacuación.
También resulta necesario incorporar a la evaluación de la movilidad segura indicadores sobre comunidades incomunicadas, tiempos de restablecimiento vial y acceso efectivo a los servicios de emergencia.
Una movilidad verdaderamente segura no solo debe evitar víctimas durante los desplazamientos, sino garantizar que ninguna comunidad quede indefensa cuando más necesita ser auxiliada.
La conectividad territorial es, en definitiva, una condición esencial para proteger la vida