Por Mario Holguín
Titular de la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (SESVIALFP)
El reciente aumento del marbete vehicular vuelve a colocar sobre la mesa una preocupación que comparten miles de dominicanos. Cada vez que el Gobierno anuncia un nuevo cobro, las familias se preguntan cuánto más tendrán que pagar y qué recibirán a cambio. Es una inquietud legítima, especialmente cuando el costo de la vida continúa presionando los ingresos de los hogares.
La Dirección General de Impuestos Internos anunció que el marbete aumentaría de RD$1,500 a RD$2,000 para los vehículos fabricados hasta 2021 y de RD$3,000 a RD$4,000 para los modelos desde 2022. Con esta disposición, el Estado espera recaudar aproximadamente RD$1,175 millones adicionales. Las autoridades explican que el ajuste responde a la inflación acumulada y a la necesidad de fortalecer las finanzas públicas.
La Fuerza del Pueblo ha cuestionado esta decisión por considerar que representa una carga adicional para la población. El senador Omar Fernández ha expresado su preocupación por los aumentos que afectan el presupuesto familiar, mientras el economista Haivanjoe Ng Cortiñas ha señalado que, si se utiliza la inflación para justificar mayores impuestos, también debe prestarse atención a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Desde la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo compartimos la importancia de estas preocupaciones y entendemos que existe otro aspecto que merece igual atención. ¿Qué está haciendo el Estado para garantizar que los ciudadanos puedan circular por calles y carreteras más seguras?
El problema no consiste únicamente en pagar más. Se trata de comprobar si los recursos públicos se utilizan para atender las necesidades más urgentes del país. De poco sirve exigir mayores contribuciones a los propietarios de vehículos si persisten carreteras deterioradas, señalizaciones deficientes, puntos peligrosos sin corregir y vehículos que circulan sin una inspección técnica periódica adecuada.
Esta situación nos lleva a reflexionar sobre lo que llamamos madurez institucional. Dicho de manera sencilla, un Estado demuestra madurez cuando conoce los problemas de su población, establece prioridades, planifica antes de actuar y utiliza correctamente los recursos disponibles. No basta con tener autoridad para cobrar impuestos. También es necesario demostrar capacidad para resolver problemas.
Una decisión puede ser legal y estar justificada desde el punto de vista económico, pero eso no significa necesariamente que sea la más apropiada para las circunstancias que vive la población. La verdadera responsabilidad de las autoridades consiste en explicar por qué toman determinadas medidas, cómo afectan a los ciudadanos y qué resultados esperan conseguir.
La República Dominicana enfrenta una situación preocupante en materia de seguridad vial. Miles de familias sufren cada año las consecuencias de los siniestros de tránsito. Detrás de cada fallecido existe una historia familiar, una pérdida humana y, muchas veces, una dificultad económica que se prolonga durante años. Por eso, proteger la vida en las vías públicas debería ocupar un lugar destacado en las prioridades nacionales.
Conviene recordar que el marbete es un impuesto de circulación y no una garantía de seguridad. Un vehículo puede tener su marbete al día y presentar graves desperfectos mecánicos. Del mismo modo, su propietario puede cumplir puntualmente con sus obligaciones mientras transita por una carretera deteriorada o deficientemente señalizada.
Esta realidad obliga a las autoridades a mirar más allá de las recaudaciones. Si el Gobierno considera necesario aumentar los ingresos públicos, también debe explicar con transparencia cómo utilizará esos recursos y cuáles serán los beneficios para la sociedad. No se trata de afirmar que todo lo recaudado por el marbete debe destinarse exclusivamente a las carreteras, sino de exigir una relación clara entre las prioridades presupuestarias y las necesidades de la población.
La posición de la Fuerza del Pueblo frente al aumento del marbete y las reflexiones técnicas de nuestra Secretaría tienen un punto de encuentro. Ambas colocan al ciudadano en el centro de la discusión. Una reclama atención al bolsillo de las familias y la otra exige que la seguridad y la protección de la vida ocupen el lugar que merecen dentro de las decisiones gubernamentales.
Por eso, consideramos necesario que el Gobierno presente información clara sobre la recaudación adicional, explique sus prioridades de inversión y establezca compromisos verificables para mejorar las condiciones de circulación. La ciudadanía merece conocer no solamente cuánto dinero entra a las arcas públicas, sino también cómo se administra y qué problemas se están resolviendo.
Un Estado verdaderamente desarrollado no es simplemente aquel que dispone de mecanismos eficientes para cobrar. Es aquel que sabe escuchar, planificar, prevenir y responder a las necesidades de su gente.
El ciudadano cumple cuando paga sus impuestos. El Estado debe cumplir cuando administra esos recursos y garantiza mejores servicios.
En definitiva, el debate sobre el marbete debe servir para una reflexión nacional más profunda. No podemos continuar midiendo los avances de la administración pública únicamente por el dinero recaudado. También debemos medirlos por las carreteras recuperadas, los peligros eliminados, los siniestros prevenidos y, especialmente, las vidas preservadas.