Por Danny Pujols
SANTO DOMINGO, RD.–La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia depositaron ante la Procuraduría General de la República una acusación formal contra el doctor Mario Lama, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), y el empresario José Joaquín Toribio Sención, a quienes señalan como presuntos integrantes de un entramado que habría provocado la erogación irregular de RD$13,000 millones por supuestos servicios de diálisis “a domicilio”.
Según la denuncia, los fondos habrían sido desembolsados mediante contratos irregulares sustentados en adjudicaciones amañadas, servicios ficticios, precios exorbitantes y esquemas de doble facturación, con el uso de sociedades panameñas y fideicomisos para ocultar a los beneficiarios finales de los recursos.
La presunta trama se habría iniciado en octubre de 2020 y estuvo dirigida, alegadamente, a unas 990 personas, mediante la modalidad ilegal de contratación por exclusividad, con el propósito de asegurar la contratación de Macrotech Farmacéutica, SRL y el Centro Integral de Medicina Renal (CIMER), SAS. En los expedientes, afirman los denunciantes, se consignaron supuestos servicios de diálisis con un costo anual por paciente de RD$3,000,000, cifra que —aseguran— multiplica por 15 el precio estándar a nivel local.
La acusación sostiene, además, que muchos de los pacientes no existirían o que sus tratamientos ya estaban cubiertos por la Seguridad Social, lo que agravaría la supuesta irregularidad. En ese contexto, se menciona como presunto apoyo cómplice al director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, al señalar que en la resolución RIC-1013-2021 se admitieron serias irregularidades en el proceso de selección, sin que este fuera suspendido.
Durante la presentación, Surun Hernández afirmó que con los RD$13,000 millones cuestionados “se habría podido construir un centro especializado de nefrología”, al recordar que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar tuvo un costo aproximado de RD$14,000 millones.
Los denunciantes solicitaron al Ministerio Público abrir una investigación exhaustiva, identificar responsabilidades penales y recuperar los fondos públicos que, según alegan, fueron desviados mediante este esquema.