La ilusión óptica de los semáforos inteligentes y la urgencia de una movilidad Segura

Por: Rosa Mezquita 

Atrapados entre tapones interminables y promesas tecnológicas para 2027, los dominicanos continúan pagando el precio de una movilidad sin rumbo.

Santo Domingo, noviembre 2026.- En la gestión pública dominicana de estos últimos años existe una peligrosa adicción a las soluciones cosméticas. El pasado cuatro de noviembre, las autoridades de tránsito anunciaron con entusiasmo renovado un plan para instalar semáforos inteligentes y cámaras de monitoreo a inicios de 2027. La medida pretende calmar la desesperación de una ciudadanía que a diario entrega horas irrecuperables en el congestionamiento de las calles del Gran Santo Domingo. Sin embargo, el sentido común y la memoria reciente obligan a mirar este anuncio con profundo escepticismo; y es que no se puede pretender que un software corrija lo que seis años de improvisación administrativa han descompuesto.

La historia reciente pone en evidencia la debilidad institucional con la que se ha manejado este tema. El intento anterior de modernizar la red de semáforos terminó convertido en el expediente judicial de la Operación Camaleón, dejando como resultado intersecciones a oscuras y evidenciando la ausencia de controles efectivos en la contratación estatal. No se trata de rechazar los semáforos inteligentes, sino de establecer prioridades elementales de gerencia. La tecnología no puede sustituir la autoridad ni ordenar por arte de magia lo que sigue roto en la base; volver con la misma receta, sin antes haber resuelto problemas críticos como el desorden estructural de las rutas urbanas y la fiscalización real y permanente, demuestra que el gobierno actual sigue apostando a la publicidad y al titular mediático en lugar de asumir el costo político de ordenar el tránsito.

El verdadero drama en nuestras vías va mucho más allá de la lentitud del desplazamiento, tal como lo indican los análisis técnicos que hoy circulan en el debate nacional sobre movilidad desarrollados por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Fundación MOVIDO, Fundación Red de la Dignidad (FUNDARED) y la Secretaría de Seguridad Vial Fuerza del Pueblo (SESVIAL-FP), entre otros. El éxito de una gestión vial no puede medirse únicamente por los tramos asfaltados, el volumen de multas cobradas ni la modernización de los semáforos, sino por la reducción real de fallecidos y lesionados graves; así como la disminución de los entaponamientos que restan calidad de vida a los ciudadanos.

Según informaciones del Banco Central, el sector transporte aporta alrededor del 5 % del Producto Interno Bruto, una cifra que ronda los seis mil trescientos millones de dólares anuales. Sin embargo, esa riqueza generada por el transporte no se refleja en políticas públicas que contribuyan a garantizar una movilidad segura, agilizar el tránsito de manera sostenible y reducir la siniestralidad vial. Mientras que, por un lado, el Estado incrementa la presión financiera sobre el ciudadano mediante el alza en el costo del marbete y los impuestos a los combustibles destinados a una deschatarrización inexistente, por el otro, la ciudadanía padece a diario un tránsito colapsado y las calles siguen cobrando un promedio de ocho vidas cada día.

Según el informe estadístico más reciente de la Dirección General de Impuestos Internos, el parque vehicular registrado supera las seis millones seiscientas mil unidades, desbordando una infraestructura incapaz de proteger al peatón y de integrar un transporte colectivo digno que frene el uso desmedido de motocicletas y automóviles privados.

Resolver este rompecabezas exige dejar de lado el enfoque recaudatorio y los parches tecnológicos, para apostar por una gestión vial integral, capaz de devolverle fluidez a nuestras calles y resguardar la vida humana. La política de movilidad debe dejar de ser un ejercicio de relaciones públicas para convertirse en una disciplina rigurosa de planificación urbana y gerencia transparente. De cara a las elecciones de 2028, el ciudadano tiene la responsabilidad de evaluar si desea continuar atrapado en el ciclo de las promesas tecnológicas recicladas o si apuesta por una conducción política con la visión técnica necesaria para devolver al país el derecho fundamental a una movilidad segura, humana y eficiente.