Investigador de movilidad segura cuestiona las diferencias entre las estadísticas oficiales de 2025 y reclama transparencia para evaluar los resultados del programa «RD se Mueve».
Santo Domingo, República Dominicana, 23 de octubre de 2026. — El ingeniero Mario Holguín, investigador de movilidad segura y titular de la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (SESVIALFP), demandó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) publicar estadísticas consistentes, verificables y metodológicamente transparentes sobre las muertes por siniestros de tránsito en la República Dominicana.
Holguín cuestionó las diferencias entre las cifras divulgadas durante 2026 sobre la mortalidad vial correspondiente al año 2025. Recordó que, inicialmente, se informó una reducción de aproximadamente un 33 % en los fallecimientos, al pasar de 2,971 víctimas en 2024 a 1,994 en 2025. Sin embargo, meses después, el propio INTRANT comunicó que durante 2025 se habían registrado 2,992 fallecidos, una cifra superior en 998 víctimas a la difundida anteriormente.
El investigador advirtió que estas diferencias modifican sustancialmente la interpretación de los resultados nacionales y generan interrogantes sobre la consistencia de las estadísticas utilizadas para evaluar las políticas gubernamentales de tránsito y seguridad vial.
«No es posible que el país reciba primero una información que presenta una reducción histórica de las muertes viales y posteriormente otra cifra que modifica radicalmente ese resultado, sin una explicación técnica suficientemente clara. La seguridad vial exige estadísticas confiables, no interpretaciones contradictorias de una misma realidad», expresó Holguín.
El investigador señaló que la reducción inicialmente anunciada coincidió con la promoción de los resultados del programa gubernamental «RD se Mueve», presentado como una iniciativa destinada a mejorar la circulación y la gestión del tránsito, particularmente en el Gran Santo Domingo. No obstante, precisó que una disminución de los fallecimientos, aun cuando estuviera estadísticamente confirmada, no demuestra por sí sola que sea consecuencia directa de una intervención gubernamental.
En ese sentido, sostuvo que para establecer la efectividad de las medidas implementadas es indispensable disponer de evaluaciones técnicas que permitan comparar períodos equivalentes, territorios intervenidos, niveles de exposición al riesgo y resultados obtenidos antes y después de las actuaciones.
Advirtió, sin embargo, que esos cálculos solo adquieren valor como indicadores de desempeño cuando se identifican correctamente sus fuentes, territorios, períodos de referencia y criterios de registro, evitando atribuirles significados que no estén respaldados por la evidencia.
«Una reducción porcentual puede resultar alentadora, pero no basta para demostrar que una política pública está salvando vidas. Es imprescindible conocer dónde ocurrieron los fallecimientos, cómo se contabilizaron, qué medidas se aplicaron y qué factores pudieron influir en los resultados», puntualizó.
Ante esta situación, Holguín solicitó al INTRANT publicar una serie nacional consolidada de fallecidos por siniestros de tránsito correspondiente al período 2017–2025, acompañada de sus fuentes, fechas de corte, procedimientos de validación y criterios para diferenciar los fallecimientos ocurridos en el lugar del siniestro de aquellos registrados posteriormente.
Asimismo, consideró necesario explicar las diferencias entre los registros divulgados por el INTRANT y los producidos por otras instituciones nacionales, entre ellas la DIGESETT y la Oficina Nacional de Estadística, así como establecer mecanismos de coordinación que garanticen información comparable y accesible para la ciudadanía.
El investigador recordó que, desde febrero de 2026, había planteado públicamente estas preocupaciones en su artículo «De la euforia a la desconfianza. ¿Es real la reducción histórica de muertes viales en 2025?», en el que cuestionó la necesidad de verificar rigurosamente los resultados anunciados antes de presentarlos como logros concluyentes.
Finalmente, exhortó a las autoridades a superar las discrepancias estadísticas mediante la publicación de información abierta, homogénea y técnicamente sustentada, que permita evaluar objetivamente la evolución de la mortalidad vial y el impacto de las intervenciones gubernamentales.
La República Dominicana necesita saber cuántas personas mueren realmente en sus vías y si las acciones del Estado están contribuyendo a reducir esa tragedia.