Por: Rosa Mezquita
Santo Domingo, octubre de 2026 – La inseguridad en las vías dominicanas ha pasado de ser un problema exclusivo de tránsito a convertirse en una amenaza directa a la vida y los intereses familiares. Hechos recientes confirman que desplazarse por algunos sectores y autopistas de Santo Domingo implica enfrentar un entorno adverso donde los ataques con piedras, las agresiones en semáforos e intersecciones y los robos de piezas y accesorios a vehículos son parte de una realidad que los reportes oficiales intentan minimizar presentándolos como eventos aislados.
Para la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (SESVIAL-FP), esta crisis es el resultado de una gestión gubernamental fallida, de carácter exclusivamente reactivo y sin políticas de prevención reales. El ingeniero Mario Holguín, titular del organismo, señala que las autoridades intervienen solamente cuando el daño es irreversible. La falta de fiscalización y las autopistas sin iluminación contradicen la alta asignación de recursos públicos, evidenciando una preocupante parálisis institucional. En un reciente sondeo, el observatorio MOVIDO registró más de cuatro mil conductas de alto riesgo en intersecciones clave en apenas una semana de monitoreo, confirmando la vulnerabilidad de los ciudadanos.
Frente a esta improvisación, SESVIAL Fuerza del Pueblo plantea que debe producirse un cambio de rumbo técnico, ordenado y realizable. La solución comienza llevando a cabo una coordinación interinstitucional constante y eficiente entre la Policía Nacional, la DIGESETT y las alcaldías, para establecer mecanismos de vigilancia continua, monitoreo permanente y fiscalización que permitan asegurar los semáforos e intersecciones, iluminar las vías de forma eficiente y eliminar los cruces informales. Al mismo tiempo, se requiere un régimen de consecuencias estricto en el sistema judicial que procese con severidad a quienes atentan contra los conductores y sus vehículos.
La seguridad vial no puede depender de la improvisación. La Fuerza del Pueblo, a través de su Secretaría de Seguridad Vial, propone reorientar el presupuesto sectorial y los fondos recaudados por concepto de las multas hacia políticas públicas preventivas. La visión de la organización es recuperar la tranquilidad en las calles del país mediante un enfoque técnico y estructurado, garantizando así el orden y la paz que las familias dominicanas necesitan.