Por: Mario Holguín
La Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo exige al Gobierno dominicano explicar el incumplimiento de las disposiciones sobre identificación vehicular de la Ley 63-17, ante la promesa de implementar fotomultas en el país. La autoridad que pretende fiscalizar electrónicamente a los ciudadanos debe comenzar por cumplir sus propias obligaciones.
El artículo 161 establece que la Dirección General de Impuestos Internos debe expedir dos placas por vehículo. El artículo 165 dispone su colocación en las partes delantera y trasera, manteniéndolas visibles. Son obligaciones expresas de la legislación dominicana.
Prometer modernización de la fiscalización mientras permanece pendiente la identificación vehicular prevista por la ley revela una grave incoherencia de gestión. El Gobierno debe informar cuántos vehículos han recibido ambas placas, cuántos continúan pendientes y cuál es el calendario verificable para completar su entrega.
La responsabilidad debe quedar claramente establecida. La DGII tiene el deber de expedirlas y el conductor debe colocarlas conforme a la ley. Resultaría injustificable trasladar al ciudadano las consecuencias de una placa que la propia administración no le haya suministrado.
La ausencia de identificación frontal debe abordarse expresamente en el diseño anunciado. El Gobierno tiene que explicar cómo garantizará la identificación inequívoca de los vehículos, la calidad de las evidencias y la corrección de errores. Este señalamiento no supone que toda fotomulta requiera una captura frontal ni que la falta de una segunda placa invalide automáticamente cualquier sanción.
La SESVIALFP reclama una actuación coordinada de la DGII, el INTRANT y la DIGESETT, con plazos públicos para cumplir la ley,
procedimientos de reclamación accesibles y transparencia sobre costos, contratación y resultados esperados.
El Gobierno pierde autoridad cuando exige cumplimiento ciudadano y posterga sus propios deberes. La credibilidad de las fotomultas dependerá de una aplicación coherente de la ley y de resultados verificables en la protección de vidas. Ningún anuncio tecnológico sustituye esa responsabilidad.